lunes, 22 de julio de 2013

¡A por la pasta!


Casi cada día descubrimos un nuevo desfalco, en el que, inevitablemente, hay implicados políticos y empresarios. Y nos horrorizamos. Con razón, pero con cierta hipocresía. En realidad, todo esto no nos pilla por sorpresa. Durante años sospechamos que las Cajas eran una merienda de blancos (todos: directivos presuntamente profesionales, políticos, sindicatos); que buena parte de las faraónicas obras públicas que se realizaban eran inútiles al público y, por tanto, debían de ser útiles a los "privados"; que las enormes cantidades de dinero público que se movían alrededor del sector de la construcción, la energía, las concesiones de canales televisivos o telefonía pasaban por demasiadas manos para que a nadie se les quedara nada en las uñas; que los medios de comunicación iban, uno tras otro, a manos de constructores que, a menudo, no sabían ni leer y que, por tanto, difícilmente podían estar interesados en la comunicación en si (¡a quién le va a extrañar que, cuando ya no hay obras públicas a repartir, empiecen a cerrarse!); que, en suma, la corrupción se estaba convirtiendo en una plaga de termitas que acabaría minando los cimientos de la democracia. ¡Vaya que si lo sabíamos! Tanto, que muchos ciudadanos de a pie (expresión, por cierto, que habría ya que haber cambiado, porque, durante años, hemos llamado así a ciudadanos con dos y tres coches) han sido incluso partícipes de esa corrupción, cobrando o pagando en dinero negro, por ejemplo; o apostando su dinero en operaciones bancarias más que dudosas.

No, no les culpo a ellos. La culpa empieza siempre por arriba. De hecho, es una táctica bien conocida desde, quién sabe si el Neolítico, y perfeccionada por la mafia, la de repartir migajas entre las víctimas para que se sientan cómplices. Y, ante todo, con las manos limpias o medio sucias, la ciudadanía ha sido y es la víctima.

Pero quiero insistir en ello porque tengo la impresión de que el actual agobio de casos de corrupción descubiertos empieza a crear cierto hartazgo parecido al fatalismo. Incluso, me temo que sólo se nos enfoca hacia los casos que más conviene destapar a los propios corruptos. Y contra eso sólo hay una receta: no pasar ni una. No, no todos los políticos han sido ni son corruptos, pero son muchos, seguramente muchísimos, y ninguno debe quedar impune; como ningún empresario que haya conseguido obras corrompiendo a políticos.



Tenemos que exigir la mayor transparencia en el presente y en el pasado. Hay un caso paradigmático que me llama la atención porque, precisamente, me temo que no la está llamando lo suficiente: los Fondos Miner. Desde 1996, Europa ha estado subvencionando esos planes cuyo objetivo era crear alternativas laborales en las poblaciones y comarcas mineras que fueran paulatinamente sustituyendo a las propias minas. Y se han invertido cantidades tan enormes de dinero que, a estas alturas, ya no debería haber un solo ex minero sin un buen trabajo en su pueblo. Obviamente, no ha sido así. Todo lo contrario. Pero el dinero ha existido de verdad y se ha gastado de verdad. ¿Cuánto dinero? ¿En qué se ha gastado? ¿Dónde están las facturas? ¿Qué puestos de trabajo se han creado? Toda esa información básica debiera estar publicada y ser conocida por todos y, sin embargo, nadie ha preguntado nada hasta ahora, cuando Europa y, por ende, el Gobierno, ha recortado el grifo hasta convertirlo en un inútil gotero. Con todo, las preguntas, formuladas por Izquierda Unida en el Congreso, no han tenido respuesta. Comprendo que los directamente interesados -los mineros-, ante el chantaje de las empresas de cerrar si se cierra el grifo, estén más interesados en que el dinero llegue que en saber qué ha pasado con el dinero que ha llegado durante tantos años. Pero el resto de la población, junto a la solidaridad con los mineros, tiene que exigir información y responsabilidades sobre ese dinero.

Lo más alucinante es que el propio ministro de Industria y Energía ha sugerido en más de una ocasión que esas "ingentes cantidades de dinero", que en buena parte se han regalado a los empresarios mineros, se han malgastado fraudulentamente y no han servido para nada. Y bien, ¿qué demonios hace entonces que no inicia una investigación a fondo? Porque ese dinero ha sido gestionado por todas las administraciones, desde la estatal a las municipales, pasando por gobiernos autónomos y diputaciones. Y en todas ellas hay personas concretas que tienen que responder de lo que han hecho, como tienen que responder los beneficiarios, porque, ¿cómo es posible que una humilde y altruista asociación tenga que presentar facturas detalladas, compulsadas y qué sé yo, de cada céntimo que gasta de una subvención, o que se inspeccione al propietario de una tiendina con lupa, y no se haya utilizado todo el rigor con quienes reciben millones del erario público.

Porque hablamos de millones, sí, no se sabe cuántos, pero millones a millares: tantos como costaría subir las pensiones, cubrir buena parte de las prestaciones de desempleo, multiplicar los programas de becas, incrementar el gasto en educación o sanidad, financiar años de investigación, decuplicar la ayuda al desarrollo...

Démonos de una vez cuenta de que el dinero que nos falta no se ha destruido, sino que ha ido a parar a unos cuantos bolsillos: los de muchos que son, no obstante, una mínima minoría respecto a los expoliados. Démonos cuenta de una vez de que recuperar el bienestar económico general es tan sencillo como recuperar el dinero robado o, para ser políticamente correcta, ilegítimamente percibido.