viernes, 15 de octubre de 2010

...Y la funcionaria de baja

Desde luego que el fraude fiscal es lo primero, pero no creo que eso para que también haya que controlar las bajas de quienes, cobren mucho o poco, no cumplen con su trabajo, lo que supone una carga extra de trabajo para sus compañeros y un servicio deficiente para el público. Hay casos sangrantes. Conozco uno: el caso de una funcionaria que, disgustada cuando cambió su jefe, decidió no volver a trabajar. Durante tres años, los que duró su nuevo jefe, sencillamente sólo acudió a su puesto de trabajo, con un aspecto de lo más saludable, para ir depositando baja tras baja: unas por estrés, otras por depresión, otras por gripe, otras por "gripe ansiosa", otras por trastornos relacionados con la menstruación... unas encadenadas a otras hasta sumar la casi totalidad de los tres años en que tardó su novio en volver a ser su jefe.
Francamente, ¿puede ser eso admisible? Eso sí, no entiendo bien que haya que pagar más al médico que le niegue la baja: lo que yo creo es que habría que sancionar al médico que le estuvo facilitando bajas indebidas y al inspector que tendría que haber evitado el fraude. Porque la cuestión no es incentivar el trabajo bien hecho (además de ser dudoso que no firmar bajas sea un trabajo bien hecho), sino, en éste y tantas otros ámbitos, el trabajo bien hecho de los inspectores. Desde mi punto de vista ésa es la grieta por la que no funciona la administración: porque no funcionan los servicios de inspección.
A raíz del anuncio de rebaja del 5 por ciento en el sueldo de los funcionarios ha cundido una oleada de apoyo a este colectivo, recordándonos, por ejemplo, que no todos son iguales (¡obvio!) o que tienen sueldos bajos. Eso de que, a cambio de un puesto fijo, ellos cobran menos, es ya un mito. Para empezar, muchos realizan trabajos privados con los que aumentan su sueldo y, habitualmente, no aumentando sus horas de trabajo sino detrayéndolas de sus trabajos públicos. Para continuar, los sueldos de los trabajadores en empresas privadas cada vez son más bajos, por no hablar de la creciente inseguridad laboral.
En suma, el abismo entre trabajadores de la empresa privada y de la función pública es cada vez mayor. Lo irritante es que se baje el sueldo de los funcionarios (no es, en general, sueldo, lo que les sobra) y se haga más fácil el despido de las empresas (ya es facilísimo), cuando lo que habría que hacer es justo lo contrario: que se suba el sueldo de los funcionarios que funcionan y se posibilite el despido de los que no funcionan en absoluto, y que se recorten los sueldos (los altos) en las empresas privadas, pero se les dé una mínima estabilidad en sus puestos.